Jueves 28 de Febrero de 2019

Jueves 28 de Febrero de 2019 07:54 am

Panorama internacional

Donald Trump es un "racista" y un "estafador", dijo su ex abogado Michael Cohen al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de EEUU al comienzo de un testimonio público condenatorio basado en su relación profesional de una década con el presidente de EEUU. Cohen, quien una vez se jactó de que "recibiría una bala" por Trump, acusó al presidente de posibles infracciones al financiamiento de la campaña y al conocimiento previo de los esfuerzos para descarrilar la campaña presidencial de Hillary Clinton. También reveló detalles internos sobre la Organización Trump.


El senador estadounidense Bob Casey, de Pensilvania, dijo el martes que está agregando su apoyo a la legislación para aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora, uniéndose al coro en crecimiento del partido a nivel estatal y federal antes de las elecciones presidenciales de 2020. El proyecto de ley que se une a Casey ya está respaldado por otros 30 demócratas. Está escrito por el senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont y respaldado por otros cinco senadores demócratas que, al igual que Sanders, buscan la nominación del partido para postularse como presidente.


En portada, NYT, WSJ, WP, LAT y FT publican que el hombre que una vez derivó su identidad de hacer desaparecer los problemas del presidente Trump se volvió contra su ex jefe el miércoles, alegando al Congreso que Trump manipuló los registros financieros, pagó para encubrir asuntos extramaritales y reaccionó con júbilo al enterarse del secreto de WikiLeaks: la organización lanzaría correos electrónicos dañinos para su oponente político. Michael Cohen, ex reparador y abogado personal de Trump, consideró al presidente como un mendaz y mezquino racista que reclutó a quienes lo rodeaban para propagar una cultura de engaño, en los negocios, durante su campaña y después de ganar la Casa Blanca. En su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Cohen reveló cómo, en su opinión, Trump violó la ley incluso como presidente, y sugirió siniestramente que los fiscales federales siguen interesados en un caso relacionado con el presidente.


El País destaca que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy defendió ayer su gestión de la crisis catalana en su testimonio en el juicio del procés ante el Tribunal Supremo. Rajoy describió los días en torno a la consulta ilegal del 1-O de 2017 como una “situación de excepcionalidad” en la que se produjeron circunstancias de “acoso”. La que fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió a los “actos violentos” que se produjeron esos días, matiz relevante para sustentar la calificación de rebelión. Rajoy dijo además que “nunca hubo una negociación para hacer un referéndum”, y negó que el lehendakari Iñigo Urkullu, citado para hoy, ejerciera una mediación entre La Moncloa y la Generalitat.


Le Monde comenta que ninguna de las treinta y cinco preguntas formuladas por el Jefe de Estado francés en su carta publicada el 13 de enero trató el tema. Ninguno de los cuatro temas principales establecidos por el gobierno para enmarcar el gran debate lo mencionó explícitamente. Y sin embargo... de reuniones públicas a reuniones públicas, el tema del acceso justo al sistema de salud se ha convertido, en las últimas semanas, una preocupación importante de los franceses. "Una de las constantes de la retroalimentación es la necesidad expresada por nuestros ciudadanos de una mayor presencia en los territorios de algunos de nuestros servicios públicos, en primer lugar, la cuestión de la escuela, la salud y la movilidad”, dijo el miércoles 20 de febrero, el portavoz del gobierno, Benjamín Griveaux.


O Globo informa que la reforma de la Previdencia del presidente Jair Bolsonaro limita la incorporación de ganancias adicionales de servidores (como la gratificación en cargo de confianza) a jubilaciones y pensiones. La medida alcanza el funcionalismo, sobre todo en estados y municipios. Los más afectados son servidores que ingresaron en el sistema hasta 2003. De acuerdo con las reglas actuales, estos funcionarios públicos tienen derecho a jubilarse con el último salario de la carrera. Con el cambio, llevarían el salario, pero habría restricción en el valor de las gratificaciones.






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