Martes 18 de Diciembre de 2018

Martes 18 de Diciembre de 2018 07:38 pm

Recortes de personal de confianza | VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

Las sorpresas en los presupuestos son “normales” cada año. De acuerdo a la firma del presidente en turno se observan manejos en las ramas que pretenden dar relevancia.


En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en términos generales demanda un incremento “pequeño” en el presupuesto, en términos nominales. Esto quiere decir que de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos (5.2 billones) aumentó a 5 billones 778 millones (5.7 billones) o sea alrededor de 500 mil millones de incremento, que implica un 8.5% de incremento.


Sin embargo, esto es sólo número contable. La letra chiquita del presupuesto es lo que importa y, sobre todo, lo que afecta a grandes núcleos de la población fundamentalmente en sus trabajos.


Hay un sector abandonado y explotado por el gobierno, sin importar su color o tendencia política. Tanto priistas, como panistas, perredistas y ahora morenitas, usar a trabajadores que son contratados “por honorarios”, y de esa manera evadir la orden de no contratar trabajadores nuevos, que implicaría salarios, prestaciones y, sobre todo, antigüedad laboral que se ve reflejada en las pensiones y jubilaciones.


Esta trampa es cotidiana en el sector público y privado. Llegan a contratar hasta el 20% del personal de una dependencia bajo este esquema, que representa al mismo tiempo el sector mejor pagado por las desventajas que representa el perder el empleo en cualquier momento sin la más mínima consideración.


De acuerdo al presupuesto, los altos funcionarios, aquellos que están dispuestos a sacrificar la mitad sus salarios (que no son extraordinarios) por el “bien de la patria”, tienen la facultad de despedir a la totalidad de los empleados contratados en administraciones pasadas por honorarios. No hay obligación de darles una compensación o liquidación que tienen los trabajadores de planta o base.


Lo injusto, también, es el hecho que esos nuevos funcionarios tienen la facultad de contratar más de la mitad de “los corridos”. Esto le daría a las dependencias un “ahorro” de casi el 25%, en algunas de ellas, en contratación de personal. El objetivo es bajar la nómina en un 15% en promedio para destinarlo a otras actividades “más rentables” políticamente hablando.


Las contrataciones por honorarios, fundamentalmente en el sector público deben desaparecer. Al mismo tiempo, la eficiencia burocrática debe ser evaluada con precisión, en tanto que los resultados de las acciones de gobierno deben ser eficaces. Por ello, deben de darle a todos los trabajadores de gobierno prestaciones y jubilaciones como las que marca el artículo 123 de la Constitución. Ni más, ni menos. Lo justo.






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