Viernes 8 de Junio de 2018

Viernes 8 de Junio de 2018 09:36 am

Justicia a contentillo de la Opinión Pública | VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, de ordenar a la PGR la reposición de la averiguación de la desaparición y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Además, ordena la creación de una “comisión de la verdad” y la participación de organismos como la participación de organismos de derechos humanos.


 


La justificación fue que los detenidos fueron “torturados” para confesar, lo que atenta los Protocolos de Estambul mismo que documenta incidentes de tortura y maltrato. Esto fue promovido por los detenidos por esos crímenes.


 


Si bien es claro que la “verdad histórica” que dio a conocer el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo, tiene infinidad de deficiencias, lo que no se puede tierra a la basura es una serie de pesquisas que hicieron, no sólo investigadores de PGR, sino también de equipos de periodistas que buscaban la verdad y en donde se confirmó la participación de grupos guerrilleros y narcotraficantes (que tienen el control del Triángulo de Oro” en Guerrero) como el de Los Rojos” y Guerrero Unidos.


 


Independientemente de las figuras que ofrece el juzgador, es muy claro que acude a la interpretación de las leyes, lo que puede ser considerado como el darle la razón a los grupos de presión, en este caso concreto, a unos días de las elecciones federales. Dicho sea de paso, no ayuda a ninguno de los candidatos.


 


Andrés Manuel López Obrador, tiene nexos con varios de los acusados de ordenar el asesinato de los estudiantes y miembros del equipo de futbol “Los Avispones” de Iguala, que también murieron a manos de policías municipales y que nadie los recuerda, simplemente porque no forman parte de la izquierda. Los padres de los normalistas han increpado en varios mítines a AMLO.


 


Obviamente, el candidato del PRI, José Antonio Meade, por ser el candidato oficialista sufre los errores de la política gubernamental. Ricardo Anaya, no aparece en la ecuación.


 


Aunque son cientos de fojas, o páginas del expediente del dictamen, nos lleva a varias reflexiones: los jueces actuaron con fuerte carga política en momentos electorales; aniquilan la obligación del Estado Mexicano, a través del Ministerio Público (PGR) de defender a la sociedad de aquellos que la agreden; involucran a las fuerzas armadas y las hacen sospechosas.


 


Es muy claro que nadie en su sano juicio puede pensar en matar a medio centenar de jóvenes, en un crimen de Estado o Gobierno. Por ello, las acusaciones contra Enrique Peña Nieto, no tienen sustento. Aunque hay muchos políticos ligados a Morena y al PRI, que están en libertad a pesar que están involucrados en esos crímenes y, especialmente, en el tráfico de drogas en la región.


 


El gobierno de Peña Nieto, tiene la obligación de reconocer que en el llamado “Triángulo de Oro”, en la Tierra Caliente de Guerrero, existen nexos entre narcos y guerrilleros. Esto se sabe mundialmente, por qué no aceptarlo. Que se sepa toda la verdad. Que se sepa qué pasó con esos jóvenes que murieron en septiembre del 2014 y se envíen a la cárcel a los políticos involucrados. Todos, absolutamente todos. Caiga quien caiga, aunque nuestra clase política salga peor librada.






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